Los olvidados. Primera entrega, parte III.

Por fin, la Ciudad de México, año de 1922. Nuestro personaje y su familia (esposa y tres hijas) tomaron posesión de la metrópoli y se ubicaron en una casa, comprada en la calle de Valladolid, de la elegante colonia Roma. De inmediato, nuestro biografiado se integró a la Cámara de Diputados y comenzaron sus aportaciones a la legislación de un nuevo régimen, naciente de la Revolución. La tragedia del asesinato del líder y amigo Felipe Carrillo Puerto lo afectó de forma profunda, pero no le impidió intervenir en la solución del caos surgido en su natal Yucatán, por lo que se volvió pieza fundamental para la instalación de un nuevo gobierno estatal. Por dicha contribución, se le elevó al cargo de senador. Sin embargo, la situación del Partido Socialista yucateco, tras la muerte de su gran líder, se fue por derroteros de corrupción e inmoralidad, por lo que nuestro hombre decidió romper con él para siempre y seguir su vida. La intención era desempeñarse de manera impecable como legislador a fin de terminar con broche de oro su carrera política, para después dedicar todo su esfuerzo al ejercicio privado de la abogacía… No obstante, y persistiendo ese hilo conductor que lo marcó siempre, el destino le preparó otro sendero.

Nuestro hombre participó de una etapa brillante del Senado, en donde éste funcionaba como un verdadero órgano legislador, independiente del Poder Ejecutivo, que trataba de “tú a tú” con el Presidente de la República. Mucho ayudó que en esos años (1923 a 1926) este brazo del Poder Legislativo estuvo constituido por políticos y estadistas de peso y responsabilidad nacional. El presidente Álvaro Obregón tenía la honestidad de respetar y consultar al Senado para los grandes sucesos nacionales e internacionales. Sin embargo, el absolutismo déspota y la corrupción política de su sucesor, Plutarco Elías Calles, dio al traste con la autonomía del Senado (como con casi todos los órganos del Estado), pues buscó mantener su poder durante y después de su periodo presidencial (a través de todos los presidentes títeres designados por él, hasta que uno de ellos se rebeló y lo largó a su casa). Aquí es donde nuestro homenajeado tuvo una intervención crucial. Participó en la Comisión senatorial que visitó al gral. Obregón para que se postulara a un segundo periodo presidencial (a fin de contrarrestar las graves condiciones políticas y revolucionarias que había sentado la corrupción del gobierno callista). Obregón aceptó, pero con la condición de que el Senado (por su respetabilidad y peso histórico) dirigiera un manifiesto a la Nación donde se presentara, sin ambages, la situación del país y la propuesta de apoyar un nuevo periodo obregonista, para restituirle la justicia, la legalidad y la paz a México. Tocó a nuestro personaje la redacción de dicho manifiesto, que después de su aprobación unánime por todos los senadores (y con el beneplácito de Álvaro Obregón), fue publicado, llevando al general a su segundo periodo presidencial. El presidente, reconociendo el esfuerzo y brillantez de nuestro biografiado, lo premió designándolo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a donde (a fin de cuentas) lo tenía marcado el destino y donde nuestro hombre destelló como gran jurista, abogado e incontenible defensor y ejecutor de la justicia, por encima de todo y todos.

Cabe referir que con todo lo anterior, nuestro biografiado se ganó la enemistad del gral. Calles, quien quiso frenar su entrada a la Suprema Corte (recurriendo a sus maquinaciones de costumbre); pero no pudo contra la decisión presidencial, basada en la Constitución mexicana y avalada por el brazo senatorial. Con excepción de un Ministro pusilánime que votó en contra (lic. Díaz Lombardo), el Pleno de la Suprema Corte recibió a nuestro personaje con los brazos abiertos. Él llegó con intenciones de trabajar duro y lograr el saneamiento del ambiente jurídico que presentaba la Institución (y, por ende, todo el Poder Judicial).

Era costumbre en la Suprema Corte, que si algún caso comprometía su estabilidad y la de sus miembros, se le dejara dormir el sueño de los justos, para luego declararlo improcedente. Nuestro homenajeado fue lo primero que atacó, por lo que sacó a la luz dos casos sucedidos durante el gobierno callista (en el Estado de México¹, uno y en el de Guanajuato², el otro), para estudiarlos y presentarlos ante el Pleno de Ministros. Los razonamientos con fundamentos jurídicos sólidos e irrefutables obligaron a votar a favor de la legalidad y los afectados (contraviniendo los intereses particulares de Calles y su pandilla de funcionarios federales y estatales corruptos). Un segundo logro de nuestro biografiado (transcendental para las leyes de México) fue la resolución de la problemática agraria y laboral (novedosas en la Constitución mexicana) y que estaban en un estado de caos completo.

El reparto de tierras, surgido del programa revolucionario, se hacía sin ton ni son, brincándose el gobierno muchos trámites, con tal de llevarlo a cabo. Ello movía a los terratenientes originales a ampararse contra la decisión presidencial, por lo que la Corte les restituía las propiedades expropiadas. Esto originaba un conflicto de intereses, en donde los políticos se las daban de “revolucionarios” haciendo la entrega de tierras al pueblo y la Suprema Corte quedaba como una punta de “reaccionarios” a los intereses de la Revolución y del país. El problema era más político y revolucionario, que jurídico, por lo cual había que ponderar todos los elementos para llegar a la mejor solución. Nuestro hombre fue el encargado de hallarla: primero, hizo ver a los Ministros que, siendo el Poder Judicial (la Suprema Corte su máximo órgano) uno de los tres Poderes que formaban al gobierno nacido de la Revolución, no podían sustraerse a los mandatos emanados de la Constitución revolucionaria y que su función no era juzgar la calidad de éstos, sino hacerlos cumplir y respetar conforme a derecho. Entonces les presentó su plan: mantener la negación del amparo³ a los terratenientes afectados por la expropiación de tierras, aunque dándoles el derecho a juicio contra la Nación para exigir reparación de daños. La Corte encontró jurídica y racional esta solución y la aprobó de inmediato. Nuestro hombre fue atacado por casi todos los abogados del país y polemizó contra ellos, pero no hubo marcha atrás. El tiempo que todo lo asienta, volvió las aguas a su cauce y la iniciativa de nuestro biografiado pasó a ser ley constitucional.

El segundo tópico al que se lanzó nuestro hombre fue el de la formación del Derecho Obrero (inexistente hasta ese momento) y en el que aplicó toda su experiencia vivida desde el ya lejano grupo de La Humanidad (allá en sus juveniles años) hasta sus luchas como intelectual del Partido Socialista yucateco, bajo el liderazgo de Felipe Carrillo Puerto. El resto de sus compañeros de la Segunda Sala (la Administrativa: Ministros Urbina -años depués, presidente de la Suprema Corte-, Guzmán Vaca, Calderón, y Valencia) se entusiasmó con su proyecto y los cinco juristas se lanzaron a crear el Código de Derecho Obrero con brillantes y sesudas jurisprudencias, presentadas en tesis jurídicas novedosas que fueron motivo de memorables discusiones en el Pleno de la Corte; ensalzándose o denostándose (según las diversas opiniones) el prestigio y nombre de nuestro biografiado en la prensa de la época que seguía muy de cerca los debates ministeriales. Las tesis se volvieron jurisprudencias esenciales para la materia laboral, y nuestro hombre fue consultado y oído (en su momento) por la Comisión de la Cámara de Diputados, que se encargó de proyectar una Ley Federal del Trabajo, con lo que varios de sus artículos fueron reformados gracias a sus atinadas opiniones, y para beneficio de todos los mexicanos.

La ley de amparo (un auténtico hito del derecho positivista mexicano, único en el mundo), siempre perfectible, tampoco pasó de largo ante la aguda inteligencia jurídica de nuestro personaje. Esto y las sorpresas que tenía por delante, llevarían a nuestro homenajeado por caminos difíciles, en donde se hicieron patentes (una vez más) la ingratitud, la deslealtad y la envidia tan comunes en el mexicano… o ¿se podría decir: tan comunes al género humano…?

¹ Durante el gobierno callista, el gobernador del Estado de México (siguiendo la costumbre tan socorrida en este país) expropió a sus dueños la hacienda de Santa Bárbara para “regalarla” a algunos personajes políticos (entre ellos, el presidente Calles), amparándolos además contra los dueños legítimos para que no perdieran el regalo. Nuestro biografiado metió mano en este asunto y logró que el gobernador pagara a los dueños legítimos el justo precio de la hacienda (pues era imposible la restitución de la misma, ante el escándalo de que el gral. Calles tuviera que devolver la parte que le había correspondido). Subir.

² Salió electo el gobernador Agustín Arroyo, contra los deseos del presidente Calles, quien acusó al gral. Obregón de haber intervenido para ese triunfo. Por tal motivo, intentó desconocer la legitimidad de los Poderes constituidos. Al enterarse de esto el gobierno guanajuatense, promovió un juicio de nulidad contra la decisión presidencial ante la Suprema Corte. Nuestro hombre intervino, notificando de inmediato al Procurador General de Justicia (gran abogado y amigo de nuestro homenajeado), don Emilio Portes Gil, quien apoyó el acatar la decisión de la Corte. Nuestro hombre, sabiendo que los Ministros no irían contra la determinación presidencial, hizo público el caso ante la prensa, con el compromiso de informarle el transcurso del debate y de la resolución adoptada. Esto metió presión a todos sus compañeros, quienes a regañadientes votaron por unanimidad la propuesta de nuestro personaje, con lo que se declaró nula la determinación presidencial, pues la Constitución prohibe al Presidente de la República conocer, calificar y decidir las elecciones estatales. El presidente Calles aceptó su derrota y no ejerció represalias contra la Suprema Corte (a la que, cosa curiosa, siguió respetando), pero no perdonó al Ministro “molesto” y jamás lo incluyó en las reuniones de Palacio Nacional, a las cuales tenía derecho de asistir en su calidad de alto funcionario del Poder Judicial. Subir.

³ La Constitución mexicana establece que el Poder Público no puede ocupar propiedad privada sin indemnización oportuna a sus dueños legítimos y el procedimiento legal de expropiación. En este caso, al tener el programa agrario un interés social y público, la Constitución favorecía la nulidad del juicio de amparo en materia agraria, a fin de que el Presidente de la República pudiera llevar a cabo el reparto de tierras, de acuerdo con el compromiso revolucionario. Nuestro personaje resaltó, no obstante, que los dueños afectados, sin recurrir al juicio de amparo, tenían el recurso legal de promover juicio contra la Nación, para reclamar sus derechos (aunque sólo durante el lapso de un año contado a partir de la expropiación). Al establecer la Constitución que era imposible en este caso el juicio de amparo; aunque sí era viable el juicio ordinario para reclamo de derechos; la Nación (en caso de ganar los afectados) sólo estaba obligada a pagar el precio de la propiedad, mas nunca a la devolución de la misma, pues implicaba ir en contra de un derecho constitucional ganado en la Revolución. ­­­­­Subir.

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