Los olvidados. Primera entrega, parte IV.

La carrera como jurista de prosapia de nuestro biografiado, dentro de la Suprema Corte de Justicia mexicana, sólo se dio en términos de calidad, valentía e innovación. Gracias a su capacidad analítica de la Constitución, propuso una tesis que se volvió precepto de la Ley de Amparo, con lo que dejó de otorgarse de manera indiscriminada y acumulativa, lo que ataba de manos a las autoridades para actuar. Gracias a ello, éstas deben primero agotar todas sus facultades jurisdiccionales, antes de que el Poder Judicial (la Suprema Corte) otorgue un amparo. Después de esto, nuestro personaje procedió también a que la Corte depurara y respetara su jurisprudencia, al promover la redacción de fallos cuidadosos y obligarla (salvo excepciones fundadas) a respetar la ejecución de los mismos, evitando tergiversaciones o alteraciones infundadas. La discusión del primer hecho no se dio sin protestas de muchos abogados del país, inclusive del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, pero a todos supo rebatir nuestro hombre con razones basadas en el derecho, la Constitución y un sólido análisis crítico.

Otros logros esenciales de nuestro homenajeado y que repercutieron en el desarrollo de México fueron, en primer término, su tesis jurídica en la que asentó que la autoridad y soberanía del gobierno tanto local como federal jamás pueden delegarse ni convertirse en objeto de comercio. Esto no era del todo evidente, pues el caso ya se había dado en el Estado de Puebla¹. En segundo término, solicitó la negación de un amparo interpuesto por la compañía petrolera norteamericana Liliendhal contra la Nación, al quitársele (durante el gobierno del gral. Álvaro Obregón) la concesión de uso de tierras en los Estados de Chiapas y Tabasco, que le había hecho la familia Casasús (de manera ilegal); quien las había recibido de parte del Secretario de Fomento del gral. Porfirio Díaz (durante su mandato), para fines de colonización, en un acto de absoluta corrupción política². El caso era peliagudo, a raíz de que el abogado de la compañía Liliendhal era el lic. Francisco Carbajal, abogado respetable, que había sido tanto cabeza de la Suprema Corte como Presidente de la República. La prensa y todos los abogados de México estaban al pendiente. Nuestro hombre tenía el atrevimiento de oponerse a tan importante personaje y a negar un amparo a todas luces injustificado, pues no era el país el culpable del acto ilegal, sino la familia Casasús, quien se había atrevido a comerciar con suelo nacional como si fuera su propiedad privada. Durante el Pleno de Ministros, el único orador fue nuestro biografiado (al exponer todo lo anterior), pues ningún funcionario se atrevió a tomar la palabra. El presidente de la Suprema Corte (para ese momento, el lic. Salvador Urbina, compañero de Sala de nuestro personaje) convocó a votación y el fallo a favor de la propuesta de nuestro homenajeado fue unánime. El escándalo fue mayúsculo, pues el abogado Carbajal acusó a nuestro hombre de tergiversar los hechos y manipular el caso, amenazando con denunciarlo por ello ante el Congreso de la Unión, aunque al final aceptó su derrota y no cumplió su amenaza.

Transcurrieron ocho años de arduo trabajo, siempre puntual y polémico, dentro de la Suprema Corte, durante los cuales se dieron muchas resoluciones importantes en las que participó o que postuló nuestro personaje y que, al igual que en los casos anteriores que comenté, sentaron precedente para el camino a seguir en las áreas jurídicas, sociales y políticas de México, puesto que todo fallo dictado y ejecutado por el máximo tribunal del país es irrefutable e impide que se repitan los casos en cuya contra se decide, así como fortalece la forma de juzgar para bien de los mexicanos.

Llegó entonces el año de 1934 y el gobierno de este país dio un giro sustancial. El gral. Lázaro Cárdenas asumió el poder y dio por terminado el periodo del maximato, dominado por Plutarco Elías Calles, quien por fin quedó confinado a mandar en su casa y nada más. Entraron a la Suprema Corte elementos cardenistas, quienes no toleraron las discusiones o debates hacia las decisiones presidenciales por parte de nuestro biografiado: como fue la reanudación indiscrimanada del reparto de tierras, sin considerar las diferencias y condiciones físicas y laborales de las diversas zonas del país. Este nuevo grupo de ministros se alió y lanzaron a la calle, de la noche a la mañana, a nuestro hombre. A partir de ese momento, el destino fue menos generoso con nuestro homenajeado y su derrotero sufrió muchos reveses. Un funcionario cardenista, reconociendo la valía de nuestro personaje lo nombró Subprocurador General de la República, primero y Subsecretario de Gobernación, después. En ambos cargos siguió rindiendo beneficios a México. Cabe resaltar que como Subsecretario presentó la teoría de que los Poderes Públicos renuncian a su autoridad y se vuelven partido político cuando se dedican a apoyar a un candidato, dejando al Estado regional o federal sin gobierno, por lo que surge la obligación de nombrar un gobernante interino para restablecer el orden constitucional. El presidente Cárdenas quedó encantado con esta tesis y durante su mandato se aplicó en dos ocasiones: en el estado Chiapas y en la ciudad de León (Guanajuato), aunque las felicitaciones se las llevara el Secretario de Gobernación³. Hacia fines del gobierno cardenista, nuestro homenajeado tuvo la responsabilidad de abrir la entrada de México a judíos europeos que venían huyendo de los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Sus enemigos lo acusaron entonces de cobrar a cada emigrante por su ingreso al país; lo cual fue una calumnnia y vileza en su contra. Terminado el gobierno del gral. Cárdenas, nuestro hombre quedó desempleado a los 53 años de edad y, tras una carrera de servicios honestos y eminentes al México de la Revolución, comenzó una debacle injusta, donde abundaron las envidias, la deslealtad y la ingratitud.

Teniendo que ver y proveer para su familia, trató de desenvolverse en la abogacía privada, pero no fructificó el plan, y al ser un hombre honorable que siempre vivió de su trabajo y esfuerzo, comenzaron a mermarse sus economías, por lo que en el lapso de dos años quedó totalmente en la ruina. Hubo que malbaratar casa, biblioteca, discoteca y todos los objetos de valor, quedándose apenas con lo indispensable para sobrevivir sus tres hijas, su esposa y él. Dicen por ahí que las desgracias no vienen solas y en su caso fue un hecho. Su esposa cayó enferma de cáncer y murió en 1945, tras más de 30 años de matrimonio. En el transcurso del deceso, nuestro personaje recurrió a sus amigos leales y uno de ellos, compañero ministro y a la sazón presidente de la Suprema Corte (don Salvador Urbina), aprovechando que había un nuevo mandato presidencial, lo atrajo de nuevo a la Corte, pero comenzando desde el nivel de funcionario más bajo: Juez de Distrito. Más de cinco años estuvo cubriendo diversos interinatos de juez por diversas ciudades del país. Durante ese lapso fue que falleció su esposa, sus dos hijas menores se casaron y su hija mayor empezó a ejercer su profesión médica. Para 1947, fue enviado al Juzgado de Distrito de la ciudad de Morelia, donde pareció que iba a establecerse en definitiva. El destino dio una vuelta de tuerca a su vida y tuvo la bendición de conocer en el juzgado a una joven inteligente, sensible y de gran espíritu, con quien entabló amistad y luego una relación afectiva, terminando por casarse en 1949. La diferencia de 35 años de edad que él le llevaba, más su fuerza de carácter y temperamento poco concesivo, hicieron de aquella unión un proceso con muchos altibajos que duró 14 años y en el que se procrearon los hijos varones que tanto ansiaba él y que se habían malogrado en su primer matrimonio.

En 1951, su vida dio un último giro profesional, pues por la cantidad de trabajo que se acumulaba en la Suprema Corte, hubo necesidad de reformar su ley interna y se crearon nuevas instancias para la resolución de casos: los Tribunales de Circuito. Nuestro hombre fue ascendido a magistrado de circuito (el rango inmediato inferior a ministro de la Corte) y se le asignó a la ciudad de Monterrey. En 1958, fue transferido a la Ciudad de México, al Tribunal del Primer Circuito, ubicado en el edificio de la Suprema Corte, por lo que en sus últimos años regresó a donde había tenido sus tiempos de gloria. Su vida personal estuvo dividida entre dos familias: sus hijas del primer matrimonio y su segunda esposa con los tres hijos varones que ella le dio (pues en este enlace se malograron unos gemelos y la única hija), provocando tensiones para él y todas las partes involucradas, haciendo infelices a todos.

Su calidad de gran jurista y abogado, su tenacidad e intolerancia para la corrupción e injusticias, su honorabilidad y valía profesionales siguieron vigentes hasta el último día que vivió, pues estuvo trabajando (en condiciones de salud difíciles) hasta un mes y medio antes de fallecer por causa del cáncer. Testimonios escritos de sus aportaciones para una mejor impartición de justicia en este país (en su calidad de juez y magistrado) han quedado registrados en los anales y diversas publicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las múltiples notas periodísticas guardadas ahora en la Hemeroteca Nacional, y que están para la consulta de cualquiera persona.

El miércoles 18 de septiembre de 1963, en la Ciudad de México, a los 76 años de edad, dejando una joven esposa de 40 años, dos hijos de 11 y 10 años de edad, y un bebé de escasos año y medio, falleció nuestro primer olvidado a las 3 de la mañana, víctima de un dolorosísimo y cruel cáncer de páncreas. Como siempre que alguien grande se va, se reconocieron de manera tardía sus méritos y aportaciones al país y sus amigos íntimos y leales hicieron los panegíricos laudatorios. La prensa y la radio dio la noticia de su fallecimiento. El tiempo se encargó de ir diluyendo su recuerdo, que ya sólo quedó en su familia cercana. Su nombre: don ARTURO CISNEROS CANTO (Izamal, Yucatán; 24 de abril de 1887-México, D.F.; 18 de septiembre de 1963), primerísimo abogado yucateco y mexicano, ilustre forjador de su Estado y su país. La herencia que nos legó a todos sus hijos (porque yo soy ese bebé de año y medio) fue la honestidad, la honradez, la lucha por la verdad, la defensa de la justicia, un intenso amor por la cultura y un gran respeto por México. No dejó bienes materiales ni propiedades de tipo alguno, apenas una escasa pensión para su viuda y sus tres hijos menores, y un modesto seguro de vida; por lo que fue labor de su viuda sacar adelante con arrojo y determinación a la familia que quedaba detrás.

Sin mi padre y sus aportaciones, muchas cosas positivas de este país no podrían existir y eso es a fin de cuentas lo más importante… aunque nadie se acuerde de él o siquiera sepa quién fue. Como siempre en la vida de México, de los muchos que brillan, pocos son los que lo hacen por méritos propios, puesto que la mayoría se reduce a simple oropel. Baste cerrar esta primera entrega de los olvidados con una expresión típica de mi padre: “Quien no lucha por sus derechos, no se los merece.”

¹ Un gobernador de Puebla vendió y remató impuestos y servicios tanto públicos como municipales a empresarios y negociantes particulares, a fin de conseguirse recursos, y con el premio de la excención tributaria a dichos particulares. Su sucesor (el dr. Almazán) se encontró con esta irregularidad y la consecuencia de que no había fondos para sostener al Estado ni al gobierno, por lo que a través de la legislatura local revocó todos esos hechos indebidos. Contra esta acción, los particulares beneficiados buscaron ampararse, pero con la tesis de nuestro personaje se les negó ipso facto el amparo y Puebla recuperó sus plenas facultades de gobierno. Subir.

²Durante el porfirismo era muy común que se concedieran generosas extensiones de territorio nacional a políticos, para que hicieran negocios personales con ellas. Uno de esos políticos fue el lic. Casasús, quien recibió del susodicho Secretario (gral. Pacheco) tierras en Chiapas y Tabasco que sumadas equivalían al tamaño de un Estado de la República. La familia Casasús creyó ser dueña de dicho territorio y se atrevió a negociarlo con la petrolera Liliendhal. Sin embargo, la causa de la concesión por parte del gobierno porfirista, que era planear y organizar la colonización de toda esa zona, jamás se realizó. Nuestro biografiado demostró que la concesión original del gral. Pacheco, amén de ser indebida, no les daba derecho alguno a usufructuar ni superficie ni subsuelo tanto en beneficio propio como ajeno. Cuando el presidente Obregón tuvo conocimiento del caso, ejerció sus derechos constitucionales y nulificó ambas concesiones. La petrolera quedó bailando en la cuerda floja y por eso interpuso un amparo contra la Nación, con la asesoría legal del lic. Carbajal. Al demostrar con razones jurídicas y constitucionales nuestro hombre que la Nación, en la persona de su Presidente, había ejercido un derecho y una función constitucional y que no había sido la causante del acto ilegal de concesión para explotación petrolera, sino la familia Casasús, fue que todo se vino abajo. Los Casasús eran objeto de un delito contra la Nación al haber usufructuado y negociado con suelo propiedad del pueblo de México, para beneficio propio. Subir.

³En Chiapas, los Poderes buscaron imponer al candidato a gobernador, que apoyaban, contra la voluntad presidencial, y por ello hubo que desconocerlos. En León, Guanajuato, se dio una situación similar, pero a nivel de presidente municipal. Subir.

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Los olvidados. Primera entrega, parte III.

Por fin, la Ciudad de México, año de 1922. Nuestro personaje y su familia (esposa y tres hijas) tomaron posesión de la metrópoli y se ubicaron en una casa, comprada en la calle de Valladolid, de la elegante colonia Roma. De inmediato, nuestro biografiado se integró a la Cámara de Diputados y comenzaron sus aportaciones a la legislación de un nuevo régimen, naciente de la Revolución. La tragedia del asesinato del líder y amigo Felipe Carrillo Puerto lo afectó de forma profunda, pero no le impidió intervenir en la solución del caos surgido en su natal Yucatán, por lo que se volvió pieza fundamental para la instalación de un nuevo gobierno estatal. Por dicha contribución, se le elevó al cargo de senador. Sin embargo, la situación del Partido Socialista yucateco, tras la muerte de su gran líder, se fue por derroteros de corrupción e inmoralidad, por lo que nuestro hombre decidió romper con él para siempre y seguir su vida. La intención era desempeñarse de manera impecable como legislador a fin de terminar con broche de oro su carrera política, para después dedicar todo su esfuerzo al ejercicio privado de la abogacía… No obstante, y persistiendo ese hilo conductor que lo marcó siempre, el destino le preparó otro sendero.

Nuestro hombre participó de una etapa brillante del Senado, en donde éste funcionaba como un verdadero órgano legislador, independiente del Poder Ejecutivo, que trataba de “tú a tú” con el Presidente de la República. Mucho ayudó que en esos años (1923 a 1926) este brazo del Poder Legislativo estuvo constituido por políticos y estadistas de peso y responsabilidad nacional. El presidente Álvaro Obregón tenía la honestidad de respetar y consultar al Senado para los grandes sucesos nacionales e internacionales. Sin embargo, el absolutismo déspota y la corrupción política de su sucesor, Plutarco Elías Calles, dio al traste con la autonomía del Senado (como con casi todos los órganos del Estado), pues buscó mantener su poder durante y después de su periodo presidencial (a través de todos los presidentes títeres designados por él, hasta que uno de ellos se rebeló y lo largó a su casa). Aquí es donde nuestro homenajeado tuvo una intervención crucial. Participó en la Comisión senatorial que visitó al gral. Obregón para que se postulara a un segundo periodo presidencial (a fin de contrarrestar las graves condiciones políticas y revolucionarias que había sentado la corrupción del gobierno callista). Obregón aceptó, pero con la condición de que el Senado (por su respetabilidad y peso histórico) dirigiera un manifiesto a la Nación donde se presentara, sin ambages, la situación del país y la propuesta de apoyar un nuevo periodo obregonista, para restituirle la justicia, la legalidad y la paz a México. Tocó a nuestro personaje la redacción de dicho manifiesto, que después de su aprobación unánime por todos los senadores (y con el beneplácito de Álvaro Obregón), fue publicado, llevando al general a su segundo periodo presidencial. El presidente, reconociendo el esfuerzo y brillantez de nuestro biografiado, lo premió designándolo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a donde (a fin de cuentas) lo tenía marcado el destino y donde nuestro hombre destelló como gran jurista, abogado e incontenible defensor y ejecutor de la justicia, por encima de todo y todos.

Cabe referir que con todo lo anterior, nuestro biografiado se ganó la enemistad del gral. Calles, quien quiso frenar su entrada a la Suprema Corte (recurriendo a sus maquinaciones de costumbre); pero no pudo contra la decisión presidencial, basada en la Constitución mexicana y avalada por el brazo senatorial. Con excepción de un Ministro pusilánime que votó en contra (lic. Díaz Lombardo), el Pleno de la Suprema Corte recibió a nuestro personaje con los brazos abiertos. Él llegó con intenciones de trabajar duro y lograr el saneamiento del ambiente jurídico que presentaba la Institución (y, por ende, todo el Poder Judicial).

Era costumbre en la Suprema Corte, que si algún caso comprometía su estabilidad y la de sus miembros, se le dejara dormir el sueño de los justos, para luego declararlo improcedente. Nuestro homenajeado fue lo primero que atacó, por lo que sacó a la luz dos casos sucedidos durante el gobierno callista (en el Estado de México¹, uno y en el de Guanajuato², el otro), para estudiarlos y presentarlos ante el Pleno de Ministros. Los razonamientos con fundamentos jurídicos sólidos e irrefutables obligaron a votar a favor de la legalidad y los afectados (contraviniendo los intereses particulares de Calles y su pandilla de funcionarios federales y estatales corruptos). Un segundo logro de nuestro biografiado (transcendental para las leyes de México) fue la resolución de la problemática agraria y laboral (novedosas en la Constitución mexicana) y que estaban en un estado de caos completo.

El reparto de tierras, surgido del programa revolucionario, se hacía sin ton ni son, brincándose el gobierno muchos trámites, con tal de llevarlo a cabo. Ello movía a los terratenientes originales a ampararse contra la decisión presidencial, por lo que la Corte les restituía las propiedades expropiadas. Esto originaba un conflicto de intereses, en donde los políticos se las daban de “revolucionarios” haciendo la entrega de tierras al pueblo y la Suprema Corte quedaba como una punta de “reaccionarios” a los intereses de la Revolución y del país. El problema era más político y revolucionario, que jurídico, por lo cual había que ponderar todos los elementos para llegar a la mejor solución. Nuestro hombre fue el encargado de hallarla: primero, hizo ver a los Ministros que, siendo el Poder Judicial (la Suprema Corte su máximo órgano) uno de los tres Poderes que formaban al gobierno nacido de la Revolución, no podían sustraerse a los mandatos emanados de la Constitución revolucionaria y que su función no era juzgar la calidad de éstos, sino hacerlos cumplir y respetar conforme a derecho. Entonces les presentó su plan: mantener la negación del amparo³ a los terratenientes afectados por la expropiación de tierras, aunque dándoles el derecho a juicio contra la Nación para exigir reparación de daños. La Corte encontró jurídica y racional esta solución y la aprobó de inmediato. Nuestro hombre fue atacado por casi todos los abogados del país y polemizó contra ellos, pero no hubo marcha atrás. El tiempo que todo lo asienta, volvió las aguas a su cauce y la iniciativa de nuestro biografiado pasó a ser ley constitucional.

El segundo tópico al que se lanzó nuestro hombre fue el de la formación del Derecho Obrero (inexistente hasta ese momento) y en el que aplicó toda su experiencia vivida desde el ya lejano grupo de La Humanidad (allá en sus juveniles años) hasta sus luchas como intelectual del Partido Socialista yucateco, bajo el liderazgo de Felipe Carrillo Puerto. El resto de sus compañeros de la Segunda Sala (la Administrativa: Ministros Urbina -años depués, presidente de la Suprema Corte-, Guzmán Vaca, Calderón, y Valencia) se entusiasmó con su proyecto y los cinco juristas se lanzaron a crear el Código de Derecho Obrero con brillantes y sesudas jurisprudencias, presentadas en tesis jurídicas novedosas que fueron motivo de memorables discusiones en el Pleno de la Corte; ensalzándose o denostándose (según las diversas opiniones) el prestigio y nombre de nuestro biografiado en la prensa de la época que seguía muy de cerca los debates ministeriales. Las tesis se volvieron jurisprudencias esenciales para la materia laboral, y nuestro hombre fue consultado y oído (en su momento) por la Comisión de la Cámara de Diputados, que se encargó de proyectar una Ley Federal del Trabajo, con lo que varios de sus artículos fueron reformados gracias a sus atinadas opiniones, y para beneficio de todos los mexicanos.

La ley de amparo (un auténtico hito del derecho positivista mexicano, único en el mundo), siempre perfectible, tampoco pasó de largo ante la aguda inteligencia jurídica de nuestro personaje. Esto y las sorpresas que tenía por delante, llevarían a nuestro homenajeado por caminos difíciles, en donde se hicieron patentes (una vez más) la ingratitud, la deslealtad y la envidia tan comunes en el mexicano… o ¿se podría decir: tan comunes al género humano…?

¹ Durante el gobierno callista, el gobernador del Estado de México (siguiendo la costumbre tan socorrida en este país) expropió a sus dueños la hacienda de Santa Bárbara para “regalarla” a algunos personajes políticos (entre ellos, el presidente Calles), amparándolos además contra los dueños legítimos para que no perdieran el regalo. Nuestro biografiado metió mano en este asunto y logró que el gobernador pagara a los dueños legítimos el justo precio de la hacienda (pues era imposible la restitución de la misma, ante el escándalo de que el gral. Calles tuviera que devolver la parte que le había correspondido). Subir.

² Salió electo el gobernador Agustín Arroyo, contra los deseos del presidente Calles, quien acusó al gral. Obregón de haber intervenido para ese triunfo. Por tal motivo, intentó desconocer la legitimidad de los Poderes constituidos. Al enterarse de esto el gobierno guanajuatense, promovió un juicio de nulidad contra la decisión presidencial ante la Suprema Corte. Nuestro hombre intervino, notificando de inmediato al Procurador General de Justicia (gran abogado y amigo de nuestro homenajeado), don Emilio Portes Gil, quien apoyó el acatar la decisión de la Corte. Nuestro hombre, sabiendo que los Ministros no irían contra la determinación presidencial, hizo público el caso ante la prensa, con el compromiso de informarle el transcurso del debate y de la resolución adoptada. Esto metió presión a todos sus compañeros, quienes a regañadientes votaron por unanimidad la propuesta de nuestro personaje, con lo que se declaró nula la determinación presidencial, pues la Constitución prohibe al Presidente de la República conocer, calificar y decidir las elecciones estatales. El presidente Calles aceptó su derrota y no ejerció represalias contra la Suprema Corte (a la que, cosa curiosa, siguió respetando), pero no perdonó al Ministro “molesto” y jamás lo incluyó en las reuniones de Palacio Nacional, a las cuales tenía derecho de asistir en su calidad de alto funcionario del Poder Judicial. Subir.

³ La Constitución mexicana establece que el Poder Público no puede ocupar propiedad privada sin indemnización oportuna a sus dueños legítimos y el procedimiento legal de expropiación. En este caso, al tener el programa agrario un interés social y público, la Constitución favorecía la nulidad del juicio de amparo en materia agraria, a fin de que el Presidente de la República pudiera llevar a cabo el reparto de tierras, de acuerdo con el compromiso revolucionario. Nuestro personaje resaltó, no obstante, que los dueños afectados, sin recurrir al juicio de amparo, tenían el recurso legal de promover juicio contra la Nación, para reclamar sus derechos (aunque sólo durante el lapso de un año contado a partir de la expropiación). Al establecer la Constitución que era imposible en este caso el juicio de amparo; aunque sí era viable el juicio ordinario para reclamo de derechos; la Nación (en caso de ganar los afectados) sólo estaba obligada a pagar el precio de la propiedad, mas nunca a la devolución de la misma, pues implicaba ir en contra de un derecho constitucional ganado en la Revolución. ­­­­­Subir.

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